El 6 de agosto de 2004, la Comisión de Regulación Nuclear (NRC) planteó nuevamente la cuestión de la discriminación racial al negar a la asociación NAACP del condado de Clairborne, NIRS, Public Citizen, y a la filial de Sierra Club en Mississippi, una audiencia para tratar las acusaciones de que, en la solicitud de expansión de la central nuclear Grand Gulf para construir nuevos reactores, no se evaluó con justicia la política de racismo e impactos adversos en la salud y seguridad de los residentes del país. La coalición apeló contra la decisión de la Comisión.
(616.5640) NIRS - La central nuclear Grand Gulf está emplazada en una curva del río Mississippi, muy cerca de Port Gibson, en Mississippi. La nube de vapor blanquecino que sale de su torre de refrigeración puede divisarse a lo largo y a lo ancho de las millas de campos sembrados con algodón, soja y kudzú del condado de Clairborne, región que intervino en la lucha por los derechos civiles en los '60. El condado de Clairborne fue sede de un boicot de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP) de comerciantes segregacionistas blancos que prevaleció en un fallo de la Corte Suprema, objetando exitosamente la era "racista" de la historia estadounidense, cuando los estados sureños codificaron leyes y disposiciones constitucionales estatales que degradaron y subordinaron a los afroamericanos a una sociedad de pobreza y segregación legalizada.
Hoy en día, esta comunidad, compuesta de un 84% de afroamericanos que viven en una de las regiones más pobres de los Estados Unidos, se encuentra nuevamente involucrada en una polémica lucha por el poder - la lucha por la energía nuclear. Una lucha signada por una discriminación profundamente arraigada y el cruel maltrato de una comunidad minoritaria y pobre situada en una de las regiones estratégicas cuidadosamente escogida por la NRC y la industria nuclear para el denominado "renacimiento nuclear" de la construcción de reactores "avanzados".
Uno de los puntos clave de la polémica fue la publicación, el 24 de agosto de 2004 en el Registro Federal, de la declaración de política definitiva sobre "justicia ambiental" por parte de la NRC, declaración en la cual las comunidades minoritarias y pobres son principalmente quienes sufren desproporcionadamente las consecuencias de las industrias contaminantes, recibiendo a cambio poco o ningún beneficio, como empleos, por el suplicio que deben soportar. (Ver El Monitor Nuclear de WISE/NIRS 599.5558: "EEUU: La Comisión de Regulación Nuclear publica su debilitada política de justicia ambiental". Tomando como ejemplo una carta escrita por el Nuclear Energy Institute, la NRC declara su independencia, y la de sus licenciatarios, de una Orden Ejecutiva dictada por el presidente Bill Clinton en 1994, según la cual todas las agencias federales deben incorporar criterios de justicia ambiental en sus respectivas misiones y procedimientos de licencia. La Orden Ejecutiva fue el resultado de una década de activismo en defensa de los derechos civiles y el medio ambiente, sustentada con una gran cantidad de informes publicados que documentaron que las comunidades minoritarias, rurales y pobres son los blancos elegidos y más vulnerables para emplazar peligrosas y contaminantes industrias. El presidente de la NRC Nils Diaz, junto con los miembros Edward McGaffigan y Jeffrey Merrifield, se creyeron con derecho a romper la promesa del organismo regulador de acatar la Orden Ejecutiva de Clinton, hecha bajo la supervisión del entonces presidente de la NRC Ivan Selin.
La NRC sostiene que no considerará juicios por separado basados en declaraciones de hecho de que una comunidad sea discriminada o esté desproporcionadamente afectada por el desarrollo de la industria nuclear y sus procedimientos de licencia.
En octubre de 2003, la empresa con sede en Nueva Orleáns Entergy presentó una solicitud, conforme al nuevo procedimiento de licencia de "permiso anticipado de emplazamiento", para expandir Grand Gulf e instalar más de 2000 megavatios de electricidad. Elaborado previamente por la NRC y la industria nuclear, el "permiso anticipado de emplazamiento" fue establecido para sortear rápidamente obstáculos ambientales presentes en la selección de sedes para emplazar plantas nucleares y en la expansión de plantas existentes para construir nuevos reactores. La industria nuclear se prepara para "ingresar" lugares seleccionados en Grand Gulf, así como en las centrales nucleares North Anna, Virginia, y Clinton, Illinois, para esperar la presentación de una solicitud de licencias operativas combinadas donde la NRC y el operador intenten otorgar simultáneamente la licencia operativa y de construcción para nuevos reactores antes de tener que enfrentar críticas y objeciones.
Los hechos relacionados con el reclamo de justicia ambiental en Grand Gulf representan un típico caso de discriminación racial compuesto por los riesgos que conlleva el desarrollo de la energía nuclear.
A la ciudad de Port Gibson y al condado de Clairborne se les había prometido la reactivación económica cuando la primera unidad entró en servicio en 1985; nuevos cuarteles de bomberos, nuevas escuelas, millas de calles pavimentadas y decenas de millones de dólares en impuestos anuales sobre las propiedades de las empresas nucleares, para dar vida a la deprimida economía rural y agrícola.
Sin embargo, la altísima tasa base amenazó a los clientes de electricidad de Mississippi con costosas cuentas eléctricas. Activistas del condado de Clairborne acusaron a Entergy de presionar a la asamblea legislativa del estado de Mississippi para que se introduzcan leyes que le permitan al estado retener la base impositiva del condado a cualquier reactor nuclear que operara en Mississippi en 1986. La central recién inaugurada Grand Gulf era la única planta nuclear del estado y un juicio entablado por el condado para reclamar las rentas públicas no pudo llegar a la Corte Suprema estatal. Ninguna otra empresa productora de electricidad de Mississippi comparte su contribución territorial fuera del condado donde tiene sus centrales generadoras. A la larga, el estado retuvo un 70% de la contribución territorial correspondiente al condado y redistribuyó este porcentaje en los 44 condados más afectados por la suba de tarifas eléctricas provocada por Grand Gulf. Cada uno de los condados recibe un porcentaje de la evaluación fiscal conforme a su uso de kWh de la central nuclear. Por consiguiente, el condado de Clairborne obtiene tan sólo un 30% de la recaudación fiscal nuclear para administrar no sólo todos sus servicios, escuelas, policía y cuerpos de bomberos, sino también el radio de 10 millas comprendido por el plan de emergencia radiológica, con excepción de una pequeña parte de tierra que se extiende sobre el río hacia Louisiana.
En el juicio entablado por NAACP, NIRS, Public Citizen y Sierra Club para intervenir en la audiencia de licencia de la NRC para la expansión de Grand Gulf, se sostuvo que el estudio ambiental de la compañía nucleoeléctrica ignoró la presencia de una comunidad minoritaria en las inmediaciones del lugar propuesto para la expansión. El estudio tampoco reconoció otros impactos adversos que afectarían desproporcionadamente a esta población minoritaria como consecuencia del emplazamiento de otros reactores. Según declaraciones de la coalición, el departamento del sheriff del condado de Clairborne cuenta con un solo oficial de patrulla nocturna para cubrir las 487 millas cuadradas del territorio del condado en torno a la central nuclear. Las declaraciones indican que "se necesitan más hombres para satisfacer plenamente los requisitos del plan de evacuación por emergencia y prestar servicios adicionales en la central nuclear Grand Gulf tras la catástrofe del 11/9". El administrador del hospital del condado de Clairborne declaró que el nosocomio, asignado como primer recurso de respuesta por emergencia, es anticuado, se encuentra en continuo deterioro y "no está actualmente preparado para responder a ninguna urgencia médica de grandes proporciones o atentado terrorista". Por otra parte, NIRS advirtió que una de las rutas de evacuación de emergencia delineada en el plan de emergencia 2004 de Grand Gulf es intransitable debido a que gran parte de la carretera y un puente sufrieron inundaciones durante tres años.
La NRC rechazó una audiencia de licencia a los habitantes del condado de Clairborne ignorando los hechos de las declaraciones locales y resguardándose en su declaración de que "la justicia ambiental per se no es una cuestión susceptible de litigio en nuestro procedimiento". Lo que esto dice a los activistas de justicia ambiental y derechos civiles de la lucha de Mississippi equivale a colgar un letrero en la sala de audiencias de la NRC que diga: "BLANCOS SOLAMENTE".
Fuente y contacto: Paul Gunter, NIRS, pgunter@nirs.org
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