El Tribunal Federal de Australia anuló la toma obligatoria de tierras en Australia Meridional para construir un repositorio nacional. A la luz de este fallo judicial, resulta aún más improbable que se construya alguna vez un repositorio, aunque los acontecimientos de los próximos meses serán cruciales para el resultado de esta lucha.
(612-613.5618) Amigos de la Tierra Australia - El año pasado, el gobierno federal confiscó tierras cerca de Woomera, en Australia Meridional, para el repositorio propuesto, valiéndose de la disposición de urgencia de la Ley de Adquisición de Tierras de 1989 (ver El Monitor Nuclear de WISE/NIRS 587.5515: "Australia: oposición a un repositorio nuclear"). El gobierno federal se acogió a la disposición de urgencia para frustrar los intentos del gobierno de Australia Meridional por declarar las tierras del vertedero parque público, y así hacerlas inmunes a la adquisición obligatoria.
El 24 de junio, la judicatura completa del Tribunal Federal anuló la confiscación de tierras en un juicio unánime. A fines de julio, el premier de Australia Meridional, Mike Rann, visitará a miembros de Kupa Piti Kungka Tjuta - consejo de ancianas aborígenes - en Coober Pedy, para celebrar la victoria judicial. La invitación de Kungka decía: "El gobierno intentó robarlo, actuando rápidamente. Intentaron derrotarnos. Tienen que escuchar la voz anangu [aborigen]. Nos sobresaltamos, querían hacerlo rápido y construir el repositorio, pero tropezaron esta vez. Cuando venga a Coober Pedy, por favor venga a Aged Care y siéntese con nosotras sobre el manta [suelo]. Debemos celebrar, tomar té y ver fotografías. Hablar y cantar".
El gobierno federal señaló que apelaría ante la Corte Suprema, medida que debería implementarse dentro de un plazo de 28 días a partir del 24 de junio, fecha del fallo del Tribunal Federal. Resulta poco probable que la Corte Suprema anule el fallo del Tribunal Federal, ya que éste fue unánime y la toma de tierras fue rechazada por diversos motivos.
El gobierno podría enmendar la Ley de Adquisición de Tierras, aunque esto sería indudablemente bloqueado en el Senado por el Partido Laborista y otros partidos menores.
Otra opción del gobierno federal es dar cauce a un proceso de adquisición de tierras obligatorio "normal", en lugar de acogerse a la disposición de urgencia. El proceso sería prolongado y polémico, aunque parece ser la mejor opción que le queda al gobierno federal. La adquisición de tierras obligatoria podría, no obstante, frustrarse si el Parlamento de Australia Meridional determina que el lugar del vertedero sea declarado parque público. El año pasado, el Partido Liberal y el parlamentario Andrew Evans bloquearon en la cámara alta la aprobación de un proyecto de ley para crear un parque público. Evans fue duramente criticado por romper su promesa preelectoral de oponerse al repositorio, y ahora estará mucho más presionado para apoyar un nuevo intento por aprobar el proyecto de ley sobre parques públicos.
Otro escollo para el gobierno federal de coalición consiste en el hecho de que el proceso de licencia está a cargo de la Agencia Australiana de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ARPANSA). El ministro de Ciencia federal Peter McGauran y su Departamento de Educación, Ciencia y Capacitación (DEST) han sido objeto de repetidos "ataques amistosos" durante el proceso de licencia.
Dos científicos nucleares se opusieron a que se otorguen las licencias para construir y operar el vertedero, basándose en su experiencia directa con el mal manejo del DEST de la última limpieza que se realizó en el campo de pruebas de armas nucleares en Maralinga. Peter Johnston, profesor de física nuclear del Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) de Melbourne, sostuvo en un informe presentado a ARPANSA, que DEST "carece de pericia técnica para administrar el proyecto [del repositorio]". De forma más tajante, el ingeniero nuclear Alan Parkinson escribió en su informe: "Sería un contrasentido que el mismo grupo responsable del desastre en Maralinga asuma la responsabilidad del repositorio de desechos radioactivos".
Incluso la Agencia Internacional de Energía Atómica, organismo de tendencia pro nuclear, recomendó que el DEST adquiera más conocimientos internamente (un modo cortés de decir que el DEST carece de la pericia necesaria), y el director de ARPANSA, el Dr. John Loy, apoyó públicamente esta opinión.
Se esperaba que ARPANSA otorgara las licencias para construir y operar el vertedero en abril. Sin embargo, no resulta probable que el proceso de licencia concluya antes del año próximo - si acaso no se suspende por acontecimientos como un cambio de gobierno.
Sin importar la respuesta que le dé el gobierno federal a sus actuales dilemas, el vertedero propuesto será ciertamente una de las cuestiones más importantes en las elecciones federales que se celebrarán este año.
Sumándole aún más problemas, se sorprendió a Peter McGauran induciendo al Parlamento a error. A McGauran se le hizo la siguiente pregunta en el Parlamento: "¿Elaboraron los funcionario departamentales una lista de "expertos" que fueron utilizados para hacer comentarios públicos a favor del repositorio propuesto…?" Su respuesta ante el Parlamento, ese 27 de octubre, fue "No".
McGauran no niega que los funcionarios del departamento elaboraron una lista de "expertos" - de hecho, la lista fue dada a conocer conforme a la Ley de Libertad de Información (FoI). Pone en duda que los "expertos" hayan sido utilizados para hacer comentarios públicos. Al ser entrevistado por The Advertiser, el 17 de junio, McGauran afirmó: "Se me preguntó específicamente si se usaron expertos técnicos para hacer comentarios públicos, y la respuesta a este interrogante es no".
No obstante, los documentos publicados según FoI demuestran que el departamento de McGauran le pagó a la firma de relaciones públicas Michels Warren para que capacite a los "expertos" en su relación con los medios, y para organizar entrevistas entre los "expertos" y los medios de comunicación. Por otra parte, los documentos publicados según FoI contienen resúmenes y transcripciones de entrevistas de ciertos medios con algunos "expertos" de la lista.
Fuente y contacto: Jim Green, coordinador nacional de campañas nucleares de Amigos de la Tierra Australia.120 Wakefield St, Adelaide, Australia Meridional, 5000.
Tel: +61 8 8227 1399 ó +61 8 417 318368
E-mail: jim.green@foe.org.au
¿SOLUCIÓN EN EL PACÍFICO?
Luego de verse obligado a abandonar los planes de un repositorio cerca de Woomera, en Australia Meridional, el primer ministro John Howard propuso enviar los desechos nucleares de bajo nivel de Australia a una isla. La responsabilidad del almacenamiento de los residuos volvió a recaer en los estados.
Según el portavoz de la oposición del ministro de Industria, el senador Kim Carr, la idea de almacenar desechos nucleares en un atolón del Pacífico o en un país como Nauru es peligrosamente ridícula y debe ser condenada. La exportación de residuos australianos a países del Foro del Pacífico está prohibida conforme a un tratado internacional.
Channel News Asia y Australian Broadcasting Corporation, 14 de julio de 2004
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