publicado por el Monitor Nuclear de WISE/NIRS el 13 de febrero de 2004
Una coalición de ocho empresas nucleoeléctricas estadounidenses, encabezada por Xcel Energy (ex Northern States Power) de Minnesota, propone "estacionar" 40.000 toneladas métricas (44.000 toneladas estadounidenses) de combustible nuclear irradiado en la reserva de los indios goshutes, en Skull Valley, Utah. Esto representa el 80% de los desechos radioactivos comerciales de alto nivel que actualmente existen en todo el país. El transporte de los residuos requeriría 4.000 envíos por tren a través del continente. La operación beneficiaría a los socios del fletamento, ya que las empresas nucleoeléctricas no miembros pagarían una suma por almacenamiento.
(603.5576) NIRS - Pese a los empantanados procedimientos de otorgamiento de licencia y a la acusación de su socio tribal por delitos federales graves, la propuesta de Private Fuel Storage (PFS) está más cerca de ser aceptada. PFS propone el almacenamiento "provisorio" en Skull Valley por un período de entre 20 y 40 años, hasta que se inaugure el repositorio propuesto en la montaña Yucca y se puedan llevar allí los residuos. Los opositores en Utah se preguntan si cuatro décadas puede considerarse un plazo "provisional" y, asimismo, se plantean qué sucedería si el vertedero en Yucca nunca fuese inaugurado.
Los residuos que PFS quiere almacenar corresponden aproximadamente a la cantidad que Estados Unidos generaría excediendo la capacidad legal de residuos comerciales en Yucca (63.000 toneladas métricas). Se teme que Skull Valley se transforme, de hecho, en un repositorio permanente de desechos radioactivos de alto nivel sobre la superficie del desierto, a tan sólo 45 millas del área metropolitana de Salt Lake City. Para la industria de la energía nuclear, PFS representa un atajo para evitar la creciente oposición a la polémica propuesta en Yucca, debido a que los residuos quedarían más cerca de Nevada en poco tiempo y se crearía un repositorio extra para los desechos excedentes que se generarían en nuevos y viejos reactores con prórrogas de licencia de 20 años.
La coalición de empresas nucleoeléctricas PFS esperaba estar enviando desechos a Skull Valley en estos momentos, aunque tuvo múltiples demoras. Durante marzo pasado, la Junta de Licencias y Seguridad Atómica (ASBL), de la Comisión de Regulación Nuclear (NRC) pospuso el otorgamiento de una licencia debido al riesgo de que aviones militares colisionen accidentalmente contra PFS (ver El Monitor Nuclear de WISE/NIRS 585.5502: "Se detiene a P.F.S., ¿pero por cuánto tiempo?"). En mayo, miembros de la NRC le ordenaron a ASLB acelerar el proceso (que ya llevaba 6 años) y tomar una decisión a fines de 2003. No obstante, en agosto, ASLB anunció que no cumpliría dicho plazo a raíz de demoras por parte de PFS. (1) Abogados que trabajaban por Nevada contra el repositorio en Yucca aceptaron representar a Utah en su pedido de detener a PFS por el riesgo de colisión de aeronaves. La resolución de ASLB en la causa podría sentar un importante precedente, ya que Yucca también se encuentra junto a otro campo de bombardeo de la Fuerza Aérea. (2)
A principios de septiembre, ASLB volvió a posponer su fallo hasta mediados de abril de 2004, debido a la complejidad del análisis de las consecuencias de un choque aéreo, el gran número de peritos y cuestiones complementarias involucradas, y las estrictas salvaguardas de seguridad exigidas por los miembros de la NRC luego del 11 de septiembre de 2001, supuestamente para evitar que los terroristas utilicen revelaciones para planear un atentado contra PFS. La NRC ordenó que todos los trámites burocráticos, incluidas las conversaciones sobre éstos, queden limitados a las personas expresamente autorizadas solamente, y manifestó que el teléfono, el fax, el correo electrónico o la Internet ya no deberían emplearse para transmitir información. Los documentos ya no pueden quedar descuidados - incluso para ir al baño - y deben permanecer bajo llave si no se encuentra presente la persona autorizada. Los peritos de Utah se encuentran en diversos estados y en el extranjero, sin embargo, la NRC limita la colaboración al envío expreso de documentos. Las audiencias de ASLB se celebran a puertas cerradas. "Examinar sólo los documentos de PFS ha sido difícil", dijo Connie Nakahara, abogada representante de Utah contra el vertedero. (3) Tales medidas resultan irónicas dado que el Nuclear Energy Institute admitió tras los atentados del 11/9 que las colisiones de aeronaves no abrirían una brecha en los contenedores de desechos radioactivos. (4) Tales normas de seguridad tan estrictas podrían sentar un precedente negativo, impidiendo de hecho la significativa participación pública en los próximos procesos de otorgamiento de licencias para Yucca por parte de la NRC. Cuando el personal de la NRC anunció que necesitaba seguir con el análisis de las consecuencias de un accidente aéreo, PFS solicitó que ASLB suspenda el procedimiento hasta que pudiera responder las preguntas de la NRC sobre la capacidad de los contenedores para resistir la embestida de un avión. Actualmente no se espera que ASLB emita su fallo definitivo antes de mediados de junio de 2004. (5)
Pese a estas demoras, PFS ganó muchas batallas últimamente. El 31 de diciembre, ASLB falló a favor de PFS y en contra de Southern Utah Wilderness Alliance (SUWA), en una de las últimas disputas contra el repositorio. Pese a un proyecto de ley pendiente en el Congreso estadounidense, "Ley del Parque Natural Norteamericano Redrock", el cual preservaría las montañas septentrionales Cedar, lindantes con Skull Valley, declarándolas parque natural y prohibiendo la construcción de carreteras y vías férreas, ASLB dictaminó que, aunque "SUWA trabajó con diligencia para preservar los valores de parque natural en todo el estado…debemos decir que dichos valores no son evidentes ni están afectados aquí". La resolución de ASLB le concedería a PFS el visto bueno para construir una vía férrea hasta Skull Valley para trenes con desechos. En total, ASLB desestimó casi treinta argumentos contra el vertedero, entre ellos algunos presentados por Utah en relación con riesgos sísmicos y la viabilidad financiera de PFS. Utah puede apelar contra las decisiones de ASLB ante los miembros de la NRC o los tribunales federales. (6) Los miembros de la NRC todavía presionan para que se tome una rápida decisión sobre la licencia, ordenándoles a Utah y a PFS tener preparada cualquier apelación, acelerando un proceso que normalmente discurre luego de que ASLB emite su fallo. A pesar que la nueva gobernadora de Utah, Olene Walker, está determinada a continuar el trabajo de su predecesor (el gobernador opositor de PFS Mike Leavitt fue nombrado administrador de la Agencia de Protección del Medio Ambiente), el estado gastó los últimos años alrededor de US$ 4 millones luchando contra PFS, y es posible que se le estén terminando los recursos. (7) Apenas dos días después de que el Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia escuchara los argumentos sobre la controversia en torno a la montaña Yucca, Utah alegó en el mismo tribunal que el Congreso nunca había autorizado que la NRC le otorgue una licencia a un repositorio provisional privado para desechos de alto nivel, aunque dos de los tres jueces del panel se mostraron escépticos al respecto. (8)
Mientras tanto, la diminuta tribu de Skull Valley comenzó a disgregarse. El cuestionado presidente pro vertedero de la tribu Leon Bear acusó de traición a opositores, entre ellos a la miembro anti-vertedero Margene Bullcreek y a sus dos hijas, y amenazó con expulsarlos de la tribu. El abogado de Bullcreek elevó una petición ante los tribunales federales aduciendo que Bear intentó contener y silenciar la oposición de Margene a PFS y sostuvo: "Si el tribunal no interviene inmediatamente para examinar el accionar de Leon Bear… [los Bullcreek] no tendrán esperanzas de seguir siendo miembros de su grupo, lo cual es esencial para su identidad cultural, social, legal y espiritual". (9) La expulsión de la tribu ha sido comparada con una "pena de muerte tribal". (10)
Demostrando que los desechos radioactivos son tanto divisivos sociales como perjudiciales para el medio ambiente, la tribu de 121 miembros sufrió un bombazo antes de Navidad cuando grupos líderes rivales fueron acusados de delitos federales graves, tras una investigación de dos años realizada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Departamento del Interior (DOI), y el Departamento de Justicia, que incluyó un allanamiento por parte del FBI en oficinas tribales en el que se confiscaron documentos financieros. El presidente pro vertedero Bear enfrenta dos cargos por malversación de fondos tribales, uno por malversación de fondos de un programa federal, y tres por fraude fiscal. Podría sufrir una pena de hasta 29 años en prisión y una multa por US$ 1,5 millones. Bear también está siendo investigado para que se determine su papel en la creación de un paraíso fiscal relacionado con un banco suizo y una empresa fantasma con sede en las islas del Canal de la Mancha. (11 y 13)
Un grupo líder tribal sostiene que reemplazó al concejo de Bear en una elección celebrada en septiembre de 2001, aunque la Oficina de Asuntos Indígenas (BIA) se negó a reconocer la elección y todavía apoya la autoridad de Bear. Los miembros disidentes del concejo Marlinda Moon, Sammy Blackbear y Miranda Wash enfrentan cinco cargos cada uno por fraude bancario, colaboración e instigación, así como un cargo cada uno por robo de cuentas tribales, pese a que Blackbear declaró que simplemente estaban congelando los fondos para evitar que Bear siga robando. (12) Si son declarados culpables, podrían ser condenados a más de 150 años en prisión y a multas por US$ 5 millones. Negaron la acusación e irán a juicio el 19 de marzo. Blackbear sostiene que las acusaciones hacen caso omiso de las elecciones de 2001, las cuales demuestran que cuentan con el apoyo tribal. Señala además que los cargos en su contra intentan socavar su demanda por derechos civiles contra la BIA, el DOI y el secretario del DOI Gale Norton por acciones e inacciones que conforman "un plan global discriminatorio dirigido hacia las reservas indígenas con el fin de utilizar su territorio para el almacenamiento permanente de los desechos nucleares de alto nivel de la nación". Un juez federal en Utah desestimó su acusación en septiembre de 2002, pero Blackbear apeló contra el fallo. (13)
La acusación de Bear fue seguida de algunas declaraciones increíbles. Pese a firmar el contrato por el vertedero con Bear 7 años atrás, sin el conocimiento ni el consentimiento del resto de la tribu, un vocero de PFS respondió: "Estamos plenamente comprometidos en nuestra relación con la tribu y el proyecto, y esperamos seguir adelante. Nuestro contrato es con la tribu y no con él". La BIA dijo que apoyaría a PFS mientras la tribu continuara reflejando la política energética pro nuclear del gobierno de Bush, y el fiscal del caso afirmó: "Las acusaciones de hoy no tienen nada que ver con los desechos radioactivos de alto nivel y los esfuerzos de Bear por traerlos aquí". (13)
Los opositores del vertedero exigieron un alto en el procedimiento de otorgamiento de licencia para PFS.
"No puedo imaginarme una situación en la que aceptemos almacenar basura nuclear de alto nivel mientras los líderes o personas a cargo de administrar el vertedero enfrentan…las acusaciones presentadas aquí. Espero que las agencias federales, entre ellas la NRC y la BIA, sopesen la gravedad de la situación", dijo Diane Nielson, directora ejecutiva del Departamento de Calidad Medioambiental de Utah.
"El proceso de otorgamiento de licencias debería ser suspendido hasta que se resuelva esta situación. La persona acusada es justamente uno de los principales protagonistas", dijo Jason Groenewold, director de la organización Families Against Incinerator Risk y HEAL Utah. (14)
Pese a haber logrado hasta ahora bloquear los envíos de combustible nuclear irradiado a Skull Valley, Margene Bullcreek señaló: "Los residuos ya destruyeron nuestra tribu". (9)
Recientemente, los miembros de la NRC rehusaron reconsiderar los argumentos de Utah contra PFS, varios de los cuales señalaban deficiencias en la declaración de impacto ambiental. No obstante, los miembros de la NRC aceptaron escuchar otros argumentos respecto a si las propuestas de PFS de "detectar y eliminar la contaminación" proveniente de contenedores/transporte de desechos en el lugar serían adecuadas. (15)
Fuentes:
(1) "N-waste decision to be delayed," Salt Lake Tribune (SLT), 1 de agosto de 2003.
(2) "Anti-Yucca lawyers to aid in Utah battle: firm to focus on probability of an aircraft crash at site," Deseret Morning News (DMN), 17 de agosto de 2003.
(3) "Goshute plan suffers setback: Regulatory limbo, NRC has delayed its opinion on the safety of storing nuclear waste on the Indian reservation," SLT, 27 de septiembre de 2003
(4) "EPRI Analyses Show Nuclear Plants Can Withstand Aircraft Crashes," Safety and Security at Nuclear Power Plants, Security Effectiveness: Independent Studies and Drills, Nuclear Energy Institute, 2002: www.nei.org/index.asp?catnum=2&catid=279
(5) "Design concerns delay plans for nuclear storage site," SLT, 11 de octubre de 2003.
(6) "Goshute rail won't ruin wilds: panel rejects eco-groups claims of spoiled scenery," SLT, y "Goshute N-waste site on track as panel gives OK to rail line," DMN, ambos artículos del 1 de enero de 2004.
(7) "Walker picks up banner in N-waste battle," SLT, 1 de diciembre de 2003.
(8) "Appeals court hears arguments on Goshute N-waste," SLT, 17 de enero de 2004.
(9) "3 Goshutes fighting 'lock-up': lawyer wants writ of habeas corpus for dissident kin," DMN, 30 de julio de 2003.
(10) "Goshutes duo fights to protect status: 2 fear actions after they questioned leader's authority," DMN, 12 de julio de 2003.
(11) "Goshute tribal leaders face another legal battle: judge seeks answers on papers related to Starlike Properties," DMN, 9 de enero de 2004.
(12) Conversación telefónica con Blackbear, fines de diciembre de 2003.
(13) "Rival leaders of Goshute tribe indicted by Feds," SLT, y "4 Goshutes charged with fraud: indicted include leader of Skull Valley Band," DMN, ambos artículos del 19 de diciembre de 2003.
(14) "Moratorium urged on N-waste," DMN, 19 de diciembre de 2003.
(15) "NRC rejects most - but not all - protests against Utah nuke waste project," The Energy Daily, 10 de febrero de 2004.
Contacto:
Kevin Kamps, NIRS
e-mail: kevin@nirs.org
Si desea más información sobre los estragos que sufrió Utah durante la Era Atómica (minería del uranio, pruebas de armas nucleares sobre tierra y vertido de desechos nucleares), consulte la serie de artículos "Toxic Utah" del periódico DMN de febrero de 2001 en deseretnews.com.
Como parte de la campaña preventiva "BE SAFE" (encabezada por Center for Health, Environment, and Justice, www.chej.org), NIRS/WISE piden que se celebre una Semana Internacional de Acción para conmemorar la catástrofe y oponerse a la "reincidencia en la energía nuclear".
Una coalición de diversas organizaciones se encuentra planeando actividades para la semana del aniversario, por las cuales se intentará oponerse a los nuevos reactores nucleares; garantizar normas de limpieza radioactiva; detener la desregulación de los residuos nucleares; detener las exenciones militares a las normas de protección radiológica; en EEUU, impedir la construcción de los repositorios de residuos de alto nivel en la montaña Yucca y Skull Valley, evitar la implementación de los programas de transporte de desechos Chernobil Móvil; y poner de relieve cómo los indígenas norteamericanos sufren desproporcionadamente los impactos de las minas y fábricas de uranio y vertederos.
NIRS/WISE alienta a las organizaciones de Estados Unidos y todo el mundo a conmemorar el 25º aniversario de TMI celebrando un evento en su localidad. Las actividades pueden consistir en difundir información, realizar conferencias de prensa, llevar a cabo manifestaciones contra reactores/plantas/cuestiones que afecten a su comunidad, enviar cartas o proyectar películas, mirar el film "China Syndrome" (irónicamente, actualmente en cartelera en los cines de Harrisburg), y mucho más.
Comuníquese con Kevin Kamps (kevin@nirs.org) o Diane D'Arrigo (dianed@nirs.org) de NIRS (+1 202 328 0002) para solicitar más información o ideas para desarrollar actividades.
La organización Greenkids de Alemania realizará un seminario de fin de semana del 20 al 21 de marzo, para debatir cuáles son las opciones para decenas de miles de metros cúbicos de desechos radioactivos almacenados en el repositorio Morsleben.
El gobierno federal de Alemania heredó el vertedero al reunificarse en 1990. La salina, ubicada 100 kilómetros al este de Hanover, fue designada el lugar para "almacenar definitivamente" desechos nucleares por el gobierno comunista de Alemania Oriental.
El gobierno federal planeaba continuar operando el repositorio, hasta que varios miles de toneladas de sal se derrumbaron del techo sobre los contenedores de residuos, haciendo que el plan sea abandonado. Los activistas exigen que se retiren los residuos actualmente almacenados en el lugar. La consulta pública sobre el cierre se llevará a cabo en el año 2005.
Si desea más información, comuníquese con Greenkids por e-mail a mail@greenkids.de, por correo a PF 320119, 39040 Magdeburg, Alemania o por teléfono al +39 1 62 78 68 204.