(595.5558) NIRS - Dicha orden exigía que las agencias federales consideren las cuestiones de justicia ambiental como parte de sus responsabilidades generales, y tomen medidas para garantizar que las acciones federales no afecten desproporcionadamente a las comunidades minoritarias y de bajos ingresos. La orden fue dictada tras años de activismo e investigaciones que revelaron que existían plantas tóxicas y peligrosas para el medio ambiente, que estaban ubicadas sobre todo en comunidades minoritarias y de bajos ingresos. Conforme a la orden, las agencias federales debían examinar si sus políticas, como las de aprobación del emplazamiento de plantas peligrosas, provocaban un impacto desproporcionado en tales comunidades y, si así era, tomar medidas correctivas. Pese a que la NRC es una agencia independiente que no está sujeta a órdenes ejecutivas, su presidente, Ivan Selin, comprometió a dicho organismo a cumplir con la orden emitida.
El borrador de la declaración representa el intento de la NRC por distanciarse de su compromiso previo y colocar a la industria de la energía nuclear en una posición que algunos denominan racista y que revela la incapacidad de dicha industria para al menos comprender las cuestiones de racismo y lidiar con estos temas por sí misma. En diciembre de 2002, el Nuclear Energy Institute (NEI) de la industria nuclear le escribió a la NRC solicitándole implementar nuevas normas que prohíban los planteos de justicia ambiental por cualquier motivo, en el proceso de otorgamiento de licencias para las plantas nucleares. En otras palabras, la industria nuclear buscó la inmunidad absoluta para evitar cualquier acusación de racismo.
La política que presentó la NRC no es ostensiblemente racista, pero ciertamente cumple con la mayoría de los objetivos del NEI. La NRC no prohibió los planteos de justicia ambiental, sino que hizo que su cuestionamiento sea casi imposible. No rechazó completamente la orden ejecutiva del presidente, declaró que tratará los problemas de justicia ambiental únicamente mientras se encuadren en el ámbito normal de comercio, relegándolos a la consideración de los asuntos abarcados por la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), lugar en el que se encontraban antes de que el presidente Clinton emitiera la orden. En definitiva, la NRC parece decir: "sí, sabemos que la orden ejecutiva existe y que nunca fue revocada, pero la acataremos haciendo lo mismo que hacíamos antes de que fuera emitida...", es decir, nada.
En general, la NRC no ha sabido llevar bien el asunto desde un principio. El 31 de octubre, publicó un comunicado de prensa anunciando el nuevo borrador de política, aunque la política en sí no fue dada a conocer hasta el 5 de noviembre. Con posterioridad, la política, como apareció impresa en el Registro Federal, ofreció un período de tan sólo 60 días de consulta pública, que coincidía con las vacaciones de invierno. Como NIRS le señaló a la NRC el 14 de noviembre, ningún material relacionado con la política, ni el borrador de la política en sí, estuvo disponible en el sitio Web de la NRC para su examen público, convirtiendo en una burla el período de comentario público.
NIRS solicitó una prórroga de 180 días para el plazo de consulta pública y, como otras organizaciones, hizo el pedido a través del medio predilecto de la NRC para el comentario público: el correo electrónico. No obstante, más tarde se supo que la NRC había impreso una dirección de correo electrónico errónea en el Registro Federal, por lo que la agencia reguladora nunca recibió una gran cantidad de solicitudes de extensión del plazo.
Mientras se publica este número de El Monitor Nuclear, la NRC afirma que solucionó el problema de la dirección y que ésta puede ser utilizada. Sin embargo, todavía no manifestó si extenderá el plazo de consulta o por cuánto tiempo lo hará, y tampoco declaró si - como debería - volverá a comenzar con dicho período republicando el borrador de política. NIRS y muchas otras organizaciones también solicitaron que se celebren reuniones públicas en todo el país, para que la NRC pueda explicar su borrador de política y aceptar comentarios en persona.
Explicar la política parece algo sumamente necesario, ya que está escrita en un lenguaje deliberadamente confuso; evidentemente los abogados revisaron el lenguaje del texto muchas veces. En lugar de aclarar la cuestión de la justicia ambiental y explicar por qué la NRC piensa que los cambios en su política son necesarios, el texto parece estar orientado a hacer confusa la cuestión y da la sensación de que prácticamente no hay cambios, aunque, de hecho, los cambios son fundamentales y constituyen un rechazo casi rotundo al compromiso de la NRC con la justicia ambiental.
El borrador de política deja en claro que la NRC cree que las cuestiones de justicia ambiental no son susceptibles de ser sometidas a litigio per se en los procesos de otorgamiento de licencias. La política declara que los temas de justicia ambiental no serán contemplados en los procesos o dictado de normas genéricas y que, de hecho, solamente serán considerados en algunas acciones relacionadas con la ley NEPA. En lugar de recibir con agrado la orden ejecutiva, la NRC la analiza para determinar cuán poco puede hacer para cumplir con su propósito en vez de cuánto puede hacer para tratar los problemas de racismo ambiental, los cuales abundan en los antecedentes de la industria nuclear.
Es más, la carta del Nuclear Energy Institute de diciembre de 2002 fue producida a raíz del reconocimiento de que los temas de justicia ambiental estaban obstruyendo los procesos de otorgamiento de licencia de importantes proyectos. Uno de los casos más famosos fue el de Louisiana Energy Services (LES), empresa a la que la Junta de Licencias y Seguridad Atómica (ASBL) le negó una licencia en 1997 por motivos de justicia ambiental (ver WISE News Communique 474.4694: "Environmental racism: LES license denied"). Los miembros de la NRC anularon más tarde dicho fallo, aunque ya era demasiado tarde para LES, la cual había abandonado su propósito de construir una planta de enriquecimiento de uranio en el norte de Louisiana (la empresa actualmente planea construir una planta similar en el este de Nuevo México, en una región con una gran población hispana).
Durante este último tiempo, emergieron problemas de justicia ambiental en el proceso de otorgamiento de licencia para el consorcio Private Fuel Storage, por un repositorio de desechos nucleares de alto nivel sobre territorio de indígenas nativos en Utah (ver WISE News Communique 559.5349: "Environmentally racist nuke waste dump tears Goshutes apart").
Se espera que surjan planteos de justicia ambiental en las audiencias de permiso anticipado de emplazamiento para un nuevo reactor nuclear en Grand Gulf, Mississippi. Pese a que ya existe un reactor en el lugar, dicho reactor no hubiese sido construido en esa comunidad afroamericana de bajos ingresos, en la que se encuentra emplazado, si la política actual de la NRC hubiese estado vigente. La oposición al nuevo reactor en el lugar ya está aumentando entre la población local.
El borrador de la declaración de política de la NRC y otros documentos relacionados se encuentran actualmente disponibles en su sitio Web: www.nrc.gov (en la sección de normas propuestas). La declaración y los documentos relacionados también están disponibles en la página Web de NIRS: www.nirs.org . El plazo de comentario actualmente está programado para concluir el 5 de enero de 2004, pero, como se observó anteriormente, NIRS y muchas otras organizaciones están solicitando una prórroga de 180 días, hasta el 4 de julio de 2004. Los comentarios pueden hacerse en hearingsdocket@nrc.gov o por fax al 301-415-1101 (desde el exterior de Estados Unidos al +1-301-415-1101). La NRC aceptará comentarios por correo común, aunque no recomienda esta opción porque la entrega de cartas a las oficinas de gobierno continúa con problemas debido a la alerta por carbunco.
NIRS promueve los comentarios de organizaciones internacionales. Las agencias reguladores de otros países generalmente adoptan como justificación la posición que asume la NRC (y viceversa). Un gran flujo de protestas internacionales contra el tratamiento de la NRC de las cuestiones de justicia ambiental y los derechos humanos básicos sería apropiado y de gran ayuda.
NIRS está organizando una importante campaña para proteger el concepto de justicia ambiental y para preservar los derechos de las personas para plantear dichas cuestiones en audiencias y otros litigios. Publicaremos nuestros propios comentarios en nuestro sitio Web apenas estén concluidos. Haremos, además, tarjetas de comentarios preimpresas para distribuirlas ampliamente. Háganos saber cuántas tarjetas quiere para su organización, para que podamos determinar la tirada necesaria, comunicándose con nosotros a la dirección nirsnet@nirs.org o al 202-328-0002 (+1-202-328-0002 desde el exterior de EEUU).
Fuente y contacto: NIRS, nirsnet@nirs.org
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